*Del discurso a la lista roja
*Cooperación cuando conviene
*Justicia bajo presión política
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Ahora resulta que Morena no tiene nada qué decir sobre las acusaciones en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y sus secuaces sobre los nexos con el narcotráfico.
Así como les dolió que el Gobierno del Estado de Chihuahua desmantelara un laboratorio de su cártel y les golpeara las finanzas para las campañas morenistas, les debería doler públicamente el hecho de que otro país venga y los exhiba como el narcogobierno que son. Es irónico que el senador Enrique Inzunza quien estuviera exigiendo el juicio político contra Maru Campos por haber tenido a gringos en la inteligencia contra el narco, ahora aparezca en la lista roja de los narcopolíticos.
Y mientras el silencio se vuelve estrategia en Morena, desde Estados Unidos se siguen filtrando informes, investigaciones y señalamientos que apuntan a una presunta red de protección política en Sinaloa, donde el poder público y el crimen organizado parecen caminar en la misma banqueta. No es menor que agencias norteamericanas mantengan bajo la lupa a funcionarios de alto nivel, ni que el tema haya escalado a conversaciones bilaterales en materia de seguridad.
Aquí el problema no es solo lo que se diga o se calle en México, sino lo que ya se documenta afuera, donde no hay mañaneras que alcancen para desmentir expedientes. Porque cuando el discurso se cae y los datos cruzan la frontera, ya no es grilla… es evidencia.
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Obviamente la gobernadora Maru Campos no desaprovechó el escándalo y le pidió a los chihuahuenses y la ciudadanía en general, que vayan viendo quien es quien, en las listas de delincuentes.
Claro está que Morena estuvo golpeando al gobierno de Maru exigiendo aclarar la presencia de los agentes gringos en el operativo que destrozó todo un narco laboratorio, y es justo esa misma enjundia que se espera de los morenistas para exigir a Rocha Moya para que explique las acusaciones de Estados Unidos. Seguramente la presidente Claudia Sheinbaum saldrá a decir que ya se abrió una carpeta de investigación, pero que no se podrá entregar en extradición al gobernador morenista, porque no hay las pruebas suficientes, como si fueran ellos los jueces de la verdad en el mundo.
Y es que el tema ya no es menor ni local: desde agencias estadounidenses se ha endurecido el discurso contra funcionarios señalados por posibles vínculos con el crimen organizado, en un contexto donde el tráfico de fentanilo y la operación de laboratorios clandestinos han puesto a México bajo lupa internacional. Mientras en Chihuahua se presume el desmantelamiento de estructuras criminales con apoyo de inteligencia binacional, en Sinaloa las sospechas crecen y las explicaciones no llegan. Ahí es donde la narrativa se rompe: no puede haber cooperación cuando conviene y silencio cuando incomoda. Porque si de verdad van a hablar de justicia, entonces que sea pareja… o que de una vez dejen claro que el discurso anticrimen también tiene partido.
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El nuevo fiscal general del Estado, Francisco Sáenz o por lo menos el encargado de despacho, dejó claro que su chamba es por la procuración de justicia.
Llama la atención que pone de frente la instrucción de la gobernadora Maru Campos para que toda la chamba se siga haciendo justo como la venía realizando César Jáuregui, a quien por cierto se dice, se jodió su candidatura por la Presidencia Municipal de Chihuahua.
El asunto no es menor, tanto así que la gobernadora convocó a reunión urgente de gabinete a donde todos acudieron al Palacio de Gobierno y en donde al parecer se les pidió resultados inmediatos para enfriar el agua.Muchos dicen que el asunto por el lado de desviar la atención y poderle dar a Jáuregui una pluri federal en el 2027, que le dé inmunidad para la avalancha de señalamientos que se aproximan.
Y es que el relevo en la Fiscalía no se da en el vacío: viene después del escándalo por el operativo en la sierra, la presión desde el Senado y el ruido internacional por la presunta participación de agentes estadounidenses, un tema que ya encendió focos rojos a nivel federal y que obligó a acelerar decisiones en Palacio. En política, cuando las piezas se mueven tan rápido, no es para mejorar la justicia… es para contener el daño.
