La Fiscalía General de la República (FGR) pedirá a la Justicia de Estados Unidos que envíe, por medio de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), las pruebas y documentos relacionados con la acusación contra el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, señalados por ser parte del Cártel de Sinaloa.
Lo anterior fue detallada en conferencia de prensa por el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, Raúl Jiménez.
“La Fiscalía General de la República enviará una comunicación a la Cancillería para que se solicite a la autoridad requiriente (Estados Unidos) todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la Fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional”, indicó.
Jiménez Vázquez dejó en claro que no existen elementos para llevar a cabo la detención provisional de Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, tal y como lo pidió en la acusación Estados Unidos.
En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”, declaró
“Igualmente advertimos en una primera instancia que no existen pruebas anexas al impedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”, puntualizó.
El funcionario de la FGR expuso se llevan a cabo las “investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos heridos, ocurridos en territorio nacional en términos de nuestra legislación y de acuerdo al paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho”.
“Sostenemos categóricamente que el pueblo de México debe saber que nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”, concluyó.
El Departamento de Justicia de EE.UU. difundió etsa semana una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y posesión de armas, en un caso que los vincula con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de Los Chapitos.
Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.
Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el excomandante de la Policía de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, además del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.
Con información de López-Dóriga Digital
