Este sábado 3 de enero, el mundo presenció un hecho que parecía impensable: la captura de Nicolás Maduro en su propio territorio, luego de desafiar abiertamente a los Estados Unidos.
“Vengan por mí, cobardes”, proclamaba días antes, fiel a su estilo bravucón y provocador. Sin embargo, tras el anuncio del presidente Donald Trump de que enviaría tropas a Venezuela, el tono del mandatario venezolano cambió de manera abrupta, llegando incluso a referirse a su contraparte estadounidense como “ilustrísimo”.
El intento tardío de diálogo no surtió efecto. Había agitado el avispero y, en el choque de dos liderazgos que compiten por imponerse, suele ganar el más fuerte. En esta ocasión, fue Trump.
Los hechos del sábado han generado posturas encontradas. Por un lado, resulta innegable que los abusos del régimen venezolano reclamaban una reacción inmediata de la comunidad internacional. Durante años, los esfuerzos internos fueron sofocados por la censura, la represión y el miedo. En un entorno donde la ley y el orden dejaron de existir como principios de justicia, la intervención externa parecía, para muchos, la única salida posible.
Pero surge una pregunta inevitable: ¿hasta dónde es legítima la intervención de Estados Unidos?
La operación fue una decisión unilateral, no el resultado de un consenso internacional ni de un proceso avalado por las Naciones Unidas —organismo cuya inoperancia, seamos honestos, ha quedado demostrada en múltiples crisis. Si bien la acción ha sido celebrada por una gran parte del pueblo venezolano, también ha sido condenada por diversos gobiernos, entre ellos el de México.
La historia enseña que Washington rara vez interviene sin un interés estratégico de por medio. El discurso de “paz” y “libertad” suele ocultar motivaciones económicas y geopolíticas. En este caso, el factor es evidente: el petróleo venezolano, uno de los crudos más codiciados del mundo por su composición y valor estratégico.
El propio Trump lo dejó entrever al declarar que Estados Unidos administrará temporalmente el país y al señalar la existencia de una importante deuda petrolera de Venezuela con su nación. No hay sorpresa. Estados Unidos cobrará, sin duda.
Pero el verdadero interrogante es otro: ¿qué ocurrirá con los venezolanos?
¿Quién garantizará sus derechos humanos?
¿Se evitará que otro régimen autoritario o una nueva estructura criminal ocupe el vacío de poder?
La situación es profundamente delicada. Se celebra el colapso de un régimen que dejó muerte, hambre, miseria y una devastación social sin precedentes. Al mismo tiempo, el mundo observa con preocupación cómo la potencia más influyente del planeta ejerce una fuerza unilateral sobre una nación debilitada para asegurar el control de sus recursos.
Hoy, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan graves cargos penales en Estados Unidos, tras haber sido capturados y trasladados a Nueva York.
La caída del dictador es real.
La esperanza también.
Pero el futuro de Venezuela, para millones de sus ciudadanos, sigue siendo una incógnita.
La caída del dictador es una victoria. Pero la libertad no se decreta desde un portaaviones ni se garantiza con discursos. Venezuela no necesita otro amo, necesita justicia, instituciones y dignidad. Si el mundo realmente quiere ayudarla, deberá demostrarlo más allá de las armas y los intereses.
